Alcoholímetro antiarranque. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?

El alcoholímetro antiarranque, también conocido como “alcolock”, es un dispositivo con vocación de convertirse en estándar de seguridad vial en Europa. Su diseño es similar a la de cualquier alcoholímetro digital, con una boquilla para soplar, un sensor que analiza el aliento y un subsistema de control que procesa los resultados. Antes de poner el motor en marcha, el sistema exige una prueba de aire espirado; si detecta una parte de alcohol superior al límite legal, el coche no arranca.  

La tecnología de esta herramienta está probada y la normativa europea ya la contempla como un elemento que se podría añadir al conjunto de sistemas ADAS. Además, los datos sobre la siniestralidad vinculada al alcohol empujan en la misma dirección. La Comisión Europea estima que en torno a una de cada cuatro muertes en carreteras de la UE guarda relación con el consumo de alcohol. Son miles de vidas perdidas cada año que podrían evitarse si todo conductor circulara sobrio o, al menos, por debajo de los límites que impone la ley. La realidad es que esos límites se han ido recortando bajo el lema de que “solo el cero tiene cero consecuencias”.   

El marco regulatorio común llega con el Reglamento (UE) 2019/2144 que, desde el 6 de julio de 2022, exige a los nuevos modelos homologados en la UE incorporar una interfaz normalizada que facilite la instalación de alcoholímetros antiarranque, con requisitos técnicos detallados por el Reglamento Delegado (UE) 2021/1243. Esto no obliga a que todos los vehículos lleven ya el dispositivo instalado, pero sí a que estén preparados para montarlo de forma segura y estandarizada, tanto en turismos (categoría M1) como en vehículos industriales (categorías M y N). Desde julio de 2024, el gran paquete de funciones de seguridad de la GSR se aplica a todas las nuevas matriculaciones, consolidando la disponibilidad de esa interfaz en el parque nuevo.   

España ha ido un paso más allá en el transporte de viajeros. La Ley 18/2021 introdujo la obligación de que, a partir del 6 de julio de 2022, los autobuses y autocares (categorías M2 y M3) que dispongan de la interfaz normalizada lleven alcoholímetro antiarranque y que sus conductores lo utilicen para poder iniciar la marcha. Es decir, en este segmento el dispositivo dejó de ser opcional y, cuando existe preinstalación, hay que equiparlo y usarlo.   

La implantación, como toda transición tecnológica, avanza por capas. Hay fabricantes que ya ofrecen la preinstalación en toda su gama de vehículos y administraciones que refuerzan los controles de alcoholemia en servicios sensibles como el transporte escolar o urbano. En paralelo, varios países europeos incluyen el “alcolock” en programas para reincidentes por alcoholemia: permiten seguir conduciendo, pero solo si el dispositivo verifica un resultado negativo en cada prueba.  

¿Por qué tanto empeño? Porque el alcohol sigue siendo uno de los principales enemigos de la seguridad vial. En España, la memoria anual de hallazgos toxicológicos del Instituto Nacional de Toxicología revela que más de la mitad de los conductores fallecidos sometidos a análisis dan positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos; el alcohol, en solitario o combinado, permanece como la sustancia más detectada. Aunque las cifras totales de mortalidad fluctúan, el alcohol se mantiene como factor crítico de riesgo, con tasas muy elevadas en muchos positivos. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recuerda que Europa soporta algunas de las mayores tasas de mortalidad atribuibles al alcohol del mundo.   

En cuanto a si se generalizará su aplicación a los turismos particulares en Europa, parece que a corto plazo la normativa seguirá obligando a la preinstalación y limitando la instalación al transporte público, quizá de mercancías peligrosas y para casos de reincidentes por alcoholemia. Las administraciones nacionales tienen margen para decidir si extienden el uso obligatorio más allá de los supuestos actuales. En España, además, el discurso oficial ha sido prudente y ha subrayado la obligatoriedad en autobuses y autocares, pero de momento no figura en la agenda extenderla a todos los vehículos privados.