Publicado por Mutuactivos | 10 de febrero de 2026
La sostenibilidad del sistema público de pensiones es, de largo, una de las principales preocupaciones financieras de la política española. Tanto es así que, desde el año 2011, se han acometido sucesivas reformas, todas en la línea de mejorar su viabilidad a largo plazo, aunque desde enfoques muy diferentes: mientras las primeras trataron de contener el gasto, las últimas han optado por incrementar la recaudación.
Reforma de 2011
En medio de la Gran Recesión, se aprobó una subida gradual de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, la cual se completará en 2027. La premisa de este cambio es sencilla: si el retiro profesional llega más tarde, los trabajadores cotizan durante más años (aportan más al sistema) y cobran la pensión durante menos tiempo (gastan menos), siempre en base a la esperanza de vida media.
Aunque este precepto sigue vigente, lo cierto es que no aplica a todos los trabajadores, ni lo hará tampoco cuando termine de implantarse en 2027. Esto es así porque aquellos que hayan cotizado más de 38 años y 6 meses años pueden seguir jubilándose a los 65, mientras que solo quienes no alcancen esa cifra tendrán que hacerlo más tarde.
Reforma de 2013
Solo dos años después, se aprobó una nueva reforma que desvinculaba la revalorización anual de las pensiones del IPC, de manera que estas prestaciones públicas dejaron de actualizarse con el coste de la vida. En su defecto, se introdujo una regla de revalorización que podía limitarla al 0,25% en función de la situación financiera de la Seguridad Social.
Además, se aprobó la introducción del llamado factor de sostenibilidad a partir de 2019, aunque esta medida nunca ha llegado a aplicarse. Se trataba de un mecanismo diseñado para ajustar la cuantía inicial de la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida. Su objetivo era garantizar la proporcionalidad entre las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones esperadas.
En la práctica, el factor de sostenibilidad vinculaba el importe de la pensión a la esperanza de vida para una persona de 67 años: si dicha esperanza de vida aumentaba, la pensión inicial se reducía para repartir el gasto entre más años de recepción.
Reforma de 2021
Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, las reformas más recientes (divididas en dos grandes fases) han supuesto un giro en la estrategia. Tal y como se anticipaba, el foco se ha desplazado de la contención del gasto (propia de las reformas de 2011 y 2013) al aumento de los ingresos del sistema, para así poder acompasar unos cada vez mayores desembolsos.
La primera fase, aprobada a finales de 2021, se centró en desmontar los elementos clave de la reforma de 2013. La medida más significativa fue la derogación de la regla de revalorización del 0,25%. Con ello, se garantizó por ley que las pensiones volverían a actualizarse anualmente conforme al IPC, asegurando así el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Asimismo, se derogó definitivamente el factor de sostenibilidad y se sustituyó por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). A diferencia del instrumento de 2013, que buscaba ajustar la cuantía de la pensión y con ello reducir los gastos, el MEI funciona como una cotización adicional que incrementa los ingresos de la Seguridad Social.
En vigor desde 2023, se trata de un porcentaje aplicado sobre la base de cotización -actualmente del 0,9% y llegará al 1,2% en 2029-, pagado entre la empresa (0,75%) y el trabajador (0,15%) y destinado íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la "hucha de las pensiones") para afrontar el aumento del gasto previsto con la jubilación de la generación del baby boom.
Fruto de esta reforma se introdujeron incentivos para retrasar la edad de jubilación, se acordó la reforma del régimen de autónomos para que cotizaran en base a sus ingresos reales y se impulsaron los planes de pensiones de empleo.
Desde el año 2011, se han acometido sucesivas reformas, todas en la línea de mejorar su viabilidad a largo plazo, aunque desde enfoques muy diferentes
Reforma de 2023
La segunda fase de la reforma, aprobada en 2023, profundizó en esta línea de aumento de la recaudación, centrándose especialmente en incrementar las aportaciones de las rentas más altas.
Por un lado, se estableció el destope gradual de las bases máximas de cotización. Esto significa que la parte del salario sujeta a cotización irá aumentando progresivamente por encima del IPC hasta 2050. Aunque la pensión máxima también subirá, lo hará a un ritmo inferior, generando un excedente de recaudación para el sistema.
Ligado a lo anterior, se introdujo la llamada cuota de solidaridad. Se trata de una nueva cotización, de carácter finalista (no genera derecho a una mayor pensión), que grava la parte del salario que excede de la base máxima de cotización y que afecta únicamente a los sueldos más elevados.
Finalmente, la reforma de 2023 también modificó el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial. Aunque se mantiene la regla general de los últimos 25 años cotizados, se introduce progresivamente (hasta 2044) una opción dual que permitirá elegir entre esos 25 años o los mejores 27 años de los últimos 29, descartando los dos peores. El objetivo de esta medida es mejorar la pensión de aquellos trabajadores con carreras más irregulares en sus últimos años laborales.
¿Habrá nuevas reformas?
Todas las anteriores reformas han tenido como objetivo acabar con los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero su eficacia no se verá hasta pasados los años. Más todavía teniendo en cuenta que es precisamente ahora, con la jubilación del baby boom, cuando existirá una mayor tensión.
En todo caso, y ante posibles desajustes, la reforma de 2023 incorporó una cláusula de cierre según la cual, si se detectara un aumento del gasto excesivo, el Gobierno se verá obligado a plantear medidas de corrección para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Adicionalmente, esa cláusula prevé incluso una subida automática del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) si no se alcanzase un acuerdo sobre dichas medidas.
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