Publicado por Mutuactivos | 03 de septiembre de 2025
El sistema de pensiones en España se encuentra ante una encrucijada crítica. A caballo entre el compromiso político con los ciudadanos y una presión demográfica imparable, el objetivo declarado de las últimas reformas ha sido su sostenibilidad. Sin embargo, los datos de importantes organismos tanto públicos como privados muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo.
España cuenta con un sistema público de pensiones basado en el modelo de reparto: los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. Este diseño, funcional durante décadas, está siendo puesto a prueba por un cambio estructural de fondo: el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Es decir, cada vez hay más jubilados que cobran pensión durante más tiempo sin que haya un reemplazo generacional equivalente.
Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2050 más del 30% de la población estará por encima de los 65 años. A ese mismo año se le atribuye el pico de jubilaciones correspondiente a la generación del baby boom. Mientras, el número de personas activas por cada pensionista se reduce drásticamente, lo que eleva la tasa de dependencia a ratios históricamente altos y genera una presión fiscal y económica creciente.
Nuevos ingresos, pero un gasto creciente
Entre 2021 y 2023 se aprobaron diversas reformas pensadas para frenar el deterioro financiero del sistema. Entre las principales medidas se incluyeron:
1. La revalorización de las pensiones según el IPC.
2. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que incrementa las cotizaciones sociales.
3. La cuota de solidaridad sobre los salarios más altos.
4. El aumento progresivo de la base máxima de cotización.
5. La creación de un nuevo sistema de cotización para autónomos por ingresos reales.
Estas medidas, según la AIReF, aportarán 1,4 puntos adicionales de PIB en ingresos hasta 2050. Se trata de un incremento positivo, pero insuficiente frente a un gasto previsto que crecerá casi 3,4 puntos del PIB, pasando del 12,7% en 2022 al 16,1% en 2050.
Así, aunque las reformas permiten a España cumplir con la denominada “regla de gasto” pactada con la Comisión Europea —un compromiso para que el gasto no supere cierto umbral—, no se garantiza la sostenibilidad a largo plazo.
Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2050 más del 30% de la población estará por encima de los 65 años.
Las proyecciones indican que, sin nuevos ajustes, el sistema presentará déficits estructurales persistentes. En el escenario central estimado por la AIReF, la deuda pública podría alcanzar el 129% del PIB en 2050 si no se aplican medidas adicionales. El sistema, en otras palabras, sólo se mantendría con crecientes transferencias desde el Estado, lo que tensionaría otros capítulos de gasto público, como la sanidad, la educación o la inversión.
Compatibilidad entre pensión y trabajo
Al margen de las medidas fiscales y contributivas, otro pilar de la reciente reforma ha sido la flexibilización del tránsito entre vida laboral y jubilación. En 2024 y 2025 se han desarrollado nuevas reglas para facilitar la jubilación activa, que permite compatibilizar el 100% de la pensión con un empleo. Esta medida busca aprovechar la creciente capacidad laboral de las personas mayores y adaptar el sistema a la realidad de una sociedad más longeva y activa.
Además, se han suavizado las condiciones de acceso a modalidades como la jubilación parcial y demorada, incorporando incentivos económicos y mayor flexibilidad, lo que debería fomentar el retraso voluntario en la salida del mercado laboral.
Pensiones complementarias: aún insuficientes
Otro elemento necesario para alcanzar la sostenibilidad es avanzar decididamente en el segundo y tercer pilar del sistema de pensiones, los cuales conforman la previsión social complementaria. En España, los planes de pensiones de empresa y los individuales juegan un papel marginal si se comparan con vecinos como Países Bajos o Suecia: en estos países los activos en instrumentos financieros de ahorro para la jubilación incluso superan el 150% del PIB, mientras que en España apenas rebasan el 11%.
Los expertos coinciden en que los incentivos fiscales aplicados desde 2022, así como la creación de planes de pensiones de empleo simplificados, son pasos en la dirección correcta para potenciar el segundo y el tercer pilar, pero insuficientes si no se mejoran los incentivos económicos y fiscales tanto para empresas como para trabajadores y se promueve una mayor cultura financiera, participación empresarial y estabilidad regulatoria.
Qué esperar del futuro
A pesar de los avances, el sistema sigue adoleciendo de problemas estructurales. El diagnóstico de centros de estudios como Fedea es claro: las reformas del periodo 2021-2023 refuerzan los ingresos, pero sin contener suficientemente el gasto ni adecuar la generosidad del sistema a la nueva realidad económica y demográfica.
Una posible vía de reforma futura, planteada por diversos expertos, sería vincular parcialmente la generosidad del sistema al crecimiento real de los salarios, y no únicamente al IPC. Este enfoque permitiría que las nuevas pensiones evolucionasen en línea con la capacidad económica del país sin recortar derechos ya adquiridos.
En definitiva, aunque España ha dado pasos relevantes en el rediseño de su sistema de pensiones, todavía se enfrenta a un futuro incierto. Las reformas recientes han retrasado el ajuste, pero no han resuelto el problema. Sin una nueva reforma que contemple tanto el incremento de los ingresos como la contención del gasto, el sistema continuará navegando al filo del desequilibrio.
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