Publicado por Mutuactivos | 12 de marzo de 2026
En las últimas décadas, la mayoría de los países desarrollados han experimentado una profunda transformación demográfica: vivimos más años y, al mismo tiempo, nacen menos niños. Este proceso, conocido como envejecimiento poblacional, tiene consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad, desde la economía hasta la organización de los servicios públicos.
Según el Ageing Report, la población de la UE alcanzará su máximo en 2026 (453 millones de personas) y descenderá a unos 432 millones en 2070. Pero más que la caída del total, lo relevante es el cambio de estructura: el peso de los mayores aumentará con fuerza y la ratio de dependencia (mayores de 65 años sobre el total de personas en edad de trabajar) pasará del 36% en 2022 al 59% en 2070.
Este fenómeno es especialmente acusado en España, donde la tasa de dependencia se duplicará, pasando del 33% en 2022 al 64,5% en 2070. Es decir, por cada 10 personas en edad de trabajar habrá casi 6,5 mayores de 65 años.
Las causas del envejecimiento poblacional son bien conocidas, comenzando por la baja natalidad. España, como otros países del sur de Europa, presentan algunas de las tasas de fertilidad más bajas del mundo desarrollado, en el entorno de los 1,2 hijos por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1). Al mismo tiempo, la esperanza de vida no deja de crecer. Actualmente ya supera los 86 años en el caso de las mujeres y los 80 años en el de los hombres y la previsión es que siga aumentando en las próximas décadas.
Y la inmigración, que hasta ahora había compensado en parte el descenso natural de la población, no será suficiente para revertir la tendencia, según las últimas estimaciones.
Lo relevante es el cambio de estructura: el peso de los mayores aumentará con fuerza y la ratio de dependencia pasará del 36% en 2022 al 59% en 2070.
Sostenibilidad
El envejecimiento tiene un efecto directo sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, que en la mayoría de los países europeos funcionan bajo un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados.
A medida que aumenta el número de pensionistas y disminuye el de cotizantes, el esfuerzo necesario para mantener el nivel de las pensiones se incrementa notablemente. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto total en pensiones en España pasará del 12,7% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050, lo que supone un aumento de 3,4 puntos porcentuales del PIB.
En términos absolutos, el número de pensionistas crecerá desde unos 10 millones en 2023 hasta un máximo de 17 millones a mediados de la década de 2050. Este crecimiento se produce a pesar de que la edad efectiva de jubilación aumentará hasta los 66,2 años y que un 30% de los nuevos jubilados optarán por demorar su retiro profesional tres años.
Reformas
Entre 2021 y 2023, España aprobó sucesivas reformas del sistema de pensiones, como la revalorización de estas con el IPC o la eliminación del factor de sostenibilidad en favor del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Estas medidas han reforzado los ingresos del sistema, pero según la AIReF, su impacto (1,4% del PIB en el periodo 2022-2050) no compensa el incremento del gasto derivado de una mayor esperanza de vida y del aumento del número de pensionistas.
Además, el equilibrio financiero del sistema sigue en entredicho. Aunque el impacto anual medio de las medidas de ingresos es relevante, el gasto neto en pensiones se situará en el 13,2% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 15% fijado por la normativa, pero sin que se observe una mejora estructural de la sostenibilidad a largo plazo, según expresó la AIReF en su última evaluación.
La inmigración es el único factor que puede mitigar, aunque no revertir, el envejecimiento poblacional a corto y medio plazo. Las proyecciones de la Comisión Europea y la AIReF asumen flujos migratorios netos positivos, pero incluso en los escenarios más optimistas, la población en edad de trabajar disminuirá a partir de 2030. Es decir, tampoco bastará para solucionar el problema de sostenibilidad.
Un reto ineludible
El envejecimiento demográfico es un fenómeno estructural que plantea desafíos de primer orden para la sostenibilidad de las pensiones y las finanzas públicas. Las reformas recientes han reforzado el sistema por la vía de los ingresos, pero no abordan el problema del creciente gasto y, en consecuencia, no resuelven el desequilibrio de fondo.
El debate sobre la suficiencia, la equidad y la sostenibilidad de las pensiones seguirá siendo central en los próximos años, y exigirá una combinación de medidas: desde incentivos para prolongar la vida laboral y políticas activas de inmigración hasta reformas en la financiación y, sobre todo, un marco fiscal y económico que permita afrontar el reto del envejecimiento con garantías.
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