Publicado por Mutuactivos | 13 de octubre de 2026
Trabajar por cuenta propia, lo que comúnmente se conoce como ser autónomo, permite organizarse con mayor libertad; pero, precisamente por eso, también exige gestionar con más atención la futura jubilación. Y es que saber cuánto se cobrará al dejar de trabajar (o tener al menos una estimación) y de qué depende la cuantía sigue siendo una de las grandes dudas del colectivo.
Aunque las reglas de acceso son iguales para autónomos y asalariados, la prestación media de los primeros siempre ha sido más baja. La razón es sencilla: hasta hace poco, los trabajadores por cuenta propia podían elegir libremente su base de cotización, y la mayoría optaba por la mínima para reducir sus gastos. Pero aportar lo menos posible a la Seguridad Social supone, a la larga, una pensión pública menos generosa e insuficiente para mantener por sí sola el nivel de vida al jubilarse.
Sin embargo, el modelo cambió en 2023. Desde entonces, los autónomos cotizan por sus rendimientos netos reales mediante un sistema de tramos, por lo que la cuota que pagan a la Seguridad Social se ajusta a los ingresos declarados. La reforma busca vincular el esfuerzo contributivo a la capacidad económica real y elevar la protección de los trabajadores a largo plazo.
Mismas condiciones
En todo caso, los requisitos de acceso a la pensión de jubilación no cambian respecto al régimen general. Hace falta haber cotizado un mínimo de 15 años (dos de ellos dentro de los últimos 15 previos al retiro) para tener derecho a la prestación pública. Cobrar el 100% exige una carrera laboral mucho más larga, al igual que para los trabajadores por cuenta ajena o asalariados.
La pensión final se calcula a partir de dos factores: el tiempo cotizado y las bases de cotización acumuladas. La Seguridad Social utiliza las bases de los últimos años de trabajo para fijar la base reguladora y le aplica un porcentaje en función de los años trabajados. A mayor aportación y más tiempo cotizado, mayor cuantía.
Puede deducirse hasta 4.250 euros al año en el IRPF por las aportaciones realizadas a estos planes
Planes de empleo simplificados
Como vía complementaria, el marco legal aprobado en 2022 introdujo los planes de empleo simplificados, un vehículo de ahorro pensado específicamente para que los autónomos refuercen sus ingresos futuros al margen de la pensión pública.
Estos planes son instrumentos de previsión social vinculados al ámbito laboral, pero con una constitución y una gestión más sencillas que las de los planes de empleo tradicionales. Pueden ser promovidos por asociaciones, federaciones, confederaciones o uniones de trabajadores autónomos, así como por colegios profesionales y mutualidades de previsión social. El profesional se adhiere de forma voluntaria, elige cuánto aportar y mantiene la titularidad de sus derechos, que se invierten con una estrategia común. Además, puede deducirse hasta 4.250 euros al año en el IRPF por las aportaciones realizadas a estos planes, cantidad que se suma al límite general de 1.500 euros aplicable a los sistemas planes individuales, hasta un máximo conjunto de 5.750 euros.
Aunque se encuentran plenamente operativos desde 2023 y distintas organizaciones y entidades han comenzado a comercializarlos, todavía están en una fase inicial. Su implantación, en última instancia, depende de que las organizaciones más representativas promuevan planes, alcancen acuerdos con gestoras y consigan extenderlos entre un colectivo muy amplio y heterogéneo.
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