Publicado por Mutuactivos | 26 de noviembre de 2025
El sistema público de pensiones en España es un pilar fundamental del estado de bienestar cuyo objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores una vez se jubilan a través del cobro de una prestación. Se trata de un modelo de reparto, solidario entre generaciones y basado en las contribuciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Sin embargo, es necesario comprender bien su funcionamiento para planificar el futuro financiero.
El modelo español de pensiones funciona, en esencia, a través de un sistema de reparto. Esto significa que las cotizaciones de los trabajadores en activo se destinan a pagar las pensiones de los jubilados actuales. No es un sistema de capitalización individual, donde cada persona acumula sus propios fondos en una cuenta personal. Esta característica lo convierte en un pacto intergeneracional, donde la sostenibilidad depende del equilibrio entre el número de cotizantes y el de pensionistas.
Las particularidades de este modelo se cimientan en varios principios básicos:
- Reparto: las aportaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados.
- Universalidad: llega a todos los ciudadanos, ya sea a través de pensiones contributivas (para quienes han cotizado lo suficiente) o no contributivas (para quienes no alcanzan el mínimo exigido y carecen de recursos).
- Proporcionalidad contributiva: establece una relación directa entre lo aportado durante la vida laboral y la cuantía de la pensión que se recibirá.
- Suficiencia de las prestaciones: la cuantía de las pensiones debe permitir cubrir las necesidades básicas de sus perceptores.
- Gestión pública: a través de la Seguridad Social, que se encarga de recaudar las cotizaciones y abonar las prestaciones.
¿Cómo se financia y se calcula la pensión?
La principal fuente de financiación son las cotizaciones sociales, ya que tanto el empleado como el empleador realizan aportaciones mensuales a la Seguridad Social. Estas se calculan como un porcentaje del salario del trabajador, conocido como base de cotización.
A la hora de determinar la cuantía de la pensión de jubilación, entran en juego dos factores clave: los años cotizados y la base reguladora. Para acceder a la pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 previos a la jubilación. No obstante, para cobrar el 100% de la pensión que corresponda, el número de años exigido ha ido aumentando progresivamente y ya supera los 38 años.
En 2025, la edad ordinaria de jubilación varía en función de los años cotizados: 66 años y 8 meses, para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses; o 65 años, si se han cotizado 38 años y 3 meses o más. Este escalonamiento es parte de un proceso que finalizará en 2027, cuando la edad ordinaria de jubilación será 67 años para quienes no alcancen 38 años y medio de cotización exigidos y 65 años para quienes sí.
Por su parte, la base reguladora es, a grandes rasgos, la media de las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación. Sobre esta base se aplica un porcentaje que varía en función de los años efectivamente cotizados, partiendo de un 50% para los primeros 15 años y aumentando por cada mes adicional de cotización. El resultado de aplicar ese porcentaje es la pensión del jubilado.
En los últimos años, el sistema ha sido objeto de diversas reformas para asegurar su viabilidad a largo plazo, principalmente debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad. Estas reformas han afectado, entre otros aspectos, al cálculo de la base reguladora y a la edad de jubilación, que se ha ido retrasando de forma gradual.
Asimismo, cabe señalar que año a año se establece una pensión máxima, al igual que existe una base máxima de cotización, que limita la cuantía de estas prestaciones. En 2025, la pensión máxima se ha fijado en 45.746,40 euros anuales.
A la hora de determinar la cuantía de la pensión de jubilación, entran en juego dos factores clave: los años cotizados y la base reguladora.
Destope de las bases máximas de cotización
La reforma de 2023 introdujo una medida para reforzar la sostenibilidad del sistema: el destope progresivo de las bases máximas de cotización. Hasta entonces, existía un límite máximo sobre el salario por el que se cotizaba a la Seguridad Social, lo que implicaba que los ingresos que superaban esa base quedaban exentos de cotización. Con el nuevo marco, este tope comienza a eliminarse gradualmente, permitiendo que los trabajadores con mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más al sistema.
Esto supone un incremento directo en la recaudación, aunque no se ha modificado la pensión máxima, lo que genera un efecto similar al de un impuesto sobre las rentas altas. Un cambio que tiene implicaciones tanto para los trabajadores, que verán reducido su salario neto, como para las empresas, que enfrentarán mayores costes laborales.
Actualización con el IPC
El citado cálculo de la pensión se produce en el momento de la jubilación, pero también existen mecanismos para actualizar su cuantía año a año. Tras la última reforma, el indicador que marca cuánto se revalorizan las prestaciones de los pensionistas es el IPC, es decir, el indicador que mide el aumento de los precios, o la inflación.
A principios de cada año, las pensiones contributivas se actualizan utilizando como referencia la media de la inflación registrada en los doce meses anteriores (de diciembre a noviembre). Este mecanismo asegura que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, aunque si los precios suben más rápido que los salarios, añade una nueva tensión sobre el modelo de financiación del sistema.
Otras modalidades de jubilación
Además de la jubilación ordinaria, el sistema español contempla otras modalidades para el retiro profesional. La más conocida es la jubilación anticipada, que se produce cuando el retiro se produce antes de la edad ordinaria. Sea o no voluntaria, acceder a este tipo de jubilación implica una rebaja en la cuantía de la pensión mediante la aplicación de coeficientes reductores, que varían en función de los años cotizados y el tiempo de anticipo.
Por otro lado, también existe la jubilación parcial, que permite al trabajador, antes de alcanzar la edad legal de jubilación, reducir su jornada laboral y compatibilizar el salario con el cobro de una parte de la pensión. Por su parte, la jubilación activa posibilita a quien ya ha cumplido la edad legal de jubilación compatibilizar el cobro de una parte de su pensión (generalmente el 50%) con la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena.
Mientras, la jubilación flexible aplica a quienes ya son pensionistas y deciden reincorporarse al mercado laboral con un contrato a tiempo parcial, viendo su pensión reducida en proporción a la jornada que realizan. Finalmente, la jubilación demorada es la opción voluntaria de prolongar la vida laboral más allá de la edad legal ordinaria, lo que permite al trabajador obtener un complemento económico en su futura pensión por cada año adicional cotizado.
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