Publicado por Mutuactivos | 22 de abril de 2026
Al definir el sistema de pensiones en España, hablamos de sus tres pilares. El primero de ellos, el público, es el más conocido y extendido, ya que se trata del sistema público de pensiones, gestionado por la Seguridad Social. El tercer pilar hace referencia al ahorro privado en planes de pensiones individuales, un concepto que también nos resulta familiar. Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos al segundo pilar del sistema de pensiones?
Este módulo engloba los planes de pensiones de empleo, es decir, el ahorro colectivo promovido por las empresas en beneficio de sus trabajadores. Mientras que cualquier persona puede contratar un plan individual, en el caso de los planes de empleo es necesario que la compañía disponga de esa figura para sus empleados.
En la práctica, tanto la empresa como el trabajador pueden realizar aportaciones al plan. La compañía actúa como promotora y el empleado, como partícipe. Las contribuciones se invierten de forma colectiva, con menores costes de gestión que los planes individuales, y el dinero acumulado se rescata en el momento de la jubilación (o en caso de otras de las contingencias previstas por la regulación), tributando en ese momento como rendimiento del trabajo en el IRPF.
Un pilar con escaso desarrollo en España
En comparación con otros estados europeos, como Países Bajos o Reino Unido, España ha tenido tradicionalmente un segundo pilar muy débil. Apenas el 10% de los trabajadores participaba en planes de empleo antes de las reformas recientes, una cifra muy alejada de economías donde la previsión social empresarial está generalizada o incluso es obligatoria.
Con el objetivo de revertir esta situación, el Gobierno aprobó una ley en 2022 para impulsar los planes de pensiones de empleo, en aras de facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a trabajadores de pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
Entre las novedades destacadas, la ley creó los planes de pensiones de empleo simplificados, una modalidad más sencilla que permite adherirse a los autónomos. Además, redujo el plazo máximo para que un trabajador pueda incorporarse al plan de empleo de su empresa de dos años a un mes y estableció incentivos fiscales tanto para empresas como para trabajadores.
Esta actualización beneficia a 9,4 millones de pensionistas que perciben un conjunto de 10,4 millones de pensiones contributivas en todo el país, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad
¿Está funcionando?
Los datos más recientes apuntan a una mejora, pero todavía queda camino por recorrer. Aunque el número de partícipes ya superaba los 3 millones a cierre de 2025 (poco más del 14% del total de cotizantes a la Seguridad Social), el objetivo fijado por la propia ley de alcanzar los 10 millones de partícipes en 2030 es una meta que todavía parece demasiado ambiciosa, dado el ritmo actual.
Y al bajo número de partícipes se suma el escaso ahorro en estos planes. Por ponerlo en perspectiva, la cuantía media en fondos de pensiones de empleo por partícipe se sitúa en el entorno de los 13.000 euros, una cifra insuficiente para complementar de manera eficaz a la pensión pública a lo largo de toda la jubilación.
El principal reto sigue siendo la penetración en las pymes, que representan la mayoría del tejido empresarial español y que, por razones de coste y complejidad, aún muestran resistencia a adoptar estos instrumentos. Reforzar el segundo pilar es, en todo caso, una pieza clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto.
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