Publicado por Mutuactivos | 27 de enero de 2026
En España, el sistema público de pensiones funciona bajo la premisa de la solidaridad intergeneracional: las pensiones de los jubilados se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo, quienes a su vez generan el derecho a una pensión futura que sufragará la siguiente generación. Sin embargo, para que el sistema siga en marcha, es necesario un equilibrio entre ingresos y gastos; de lo contrario, no es sostenible.
Con la crisis financiera de 2008 y la escalada del desempleo, los ingresos del Estado se vinieron abajo. A esta Gran Recesión se le sumó el escenario de una futura crisis demográfica por la baja natalidad y la creciente esperanza de vida. Es decir, la sostenibilidad del sistema se vio comprometida, en especial de cara a la jubilación de la generación del baby boom. Ante esto, se buscó una solución.
La respuesta al problema fue el factor de sostenibilidad, aprobado en 2013 y cuya aplicación se fijó a partir de 2019, aunque esto nunca llegaría a suceder. Se trataba de un mecanismo diseñado para ajustar la cuantía inicial de la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida. Su objetivo era garantizar la proporcionalidad entre las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones esperadas.
En la práctica, el factor de sostenibilidad vinculaba el importe de la pensión a la esperanza de vida para una persona de 67 años: si dicha esperanza de vida aumentaba, la pensión inicial se reducía para repartir el gasto entre más años de recepción.
Como se ha señalado, estaba previsto que se aplicara por primera vez en 2019, con revisiones cada cinco años, pero su entrada en vigor se retrasó y, finalmente, fue eliminado en la reforma de las pensiones del año 2021. Entonces, fue sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que persigue el mismo objetivo, hacer sostenible el sistema, pero a través de un enfoque distinto.
Así, mientras que el factor de sostenibilidad pretendía equilibrar el sistema recortando sus gastos, el MEI busca hacerlo incrementando los ingresos de la Seguridad Social. Sin embargo, uno viene a sustituir directamente al otro, en tanto que la introducción de este tipo de variables en los sistemas de pensiones es ineludible para los países de la Unión Europea, ya que comparten el mismo reto demográfico.
¿Qué implica de cara al futuro?
La sustitución del factor de sostenibilidad por el MEI, en consecuencia, no significa que el problema haya desaparecido. Ese reto demográfico sigue presente: menos cotizantes y más pensionistas que cobran la prestación durante más tiempo. Por eso, el MEI se ha convertido en la nueva herramienta para reforzar la financiación del sistema. Desde 2023, este mecanismo aplica un incremento gradual en las cotizaciones sociales, la cual se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, con el objetivo de crear una bolsa de ahorro que sirva para amortiguar el impacto de la jubilación masiva del baby boom.
España deberá seguir ajustando su sistema para garantizar pensiones suficientes sin comprometer la estabilidad financiera.
En otras palabras, el debate sobre la sostenibilidad no se cierra con una reforma puntual. España, al igual que otros países europeos, deberá seguir ajustando su sistema para garantizar pensiones suficientes sin comprometer la estabilidad financiera.
Esto puede implicar nuevas medidas en el futuro, ya sea por la vía de los ingresos o la de los gastos, lo que puede suponer desde cambios en la edad de jubilación, incentivos para prolongar la vida laboral o ajustes en las bases de cotización, hasta la transición hacia fórmulas mixtas que combinen reparto y capitalización.
Lo que sí parece claro es que la sostenibilidad del sistema público de pensiones continúa siendo uno de los grandes desafíos económicos y sociales. Y aunque los mecanismos cambien de nombre, el objetivo declarado seguirá siendo el mismo: asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de una jubilación digna.
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