Publicado por Mutuactivos | 23 de octubre de 2026
España tiene un problema conocido con las pensiones: mientras aumenta el esfuerzo necesario para sostener el sistema público, el ahorro complementario sigue sin terminar de despegar. Esa realidad centró este jueves buena parte del II Encuentro del Observatorio de Pensiones del Grupo Mutua, que reunió en Madrid a representantes del sector asegurador y la gestión patrimonial, así como del diálogo social.
Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua Madrileña, puso números al problema nada más comenzar. Las transferencias del Estado necesarias para atender el gasto en pensiones podrían alcanzar este año los 60.000 millones de euros, cerca del 3,5% del PIB. Es una cantidad superior, por sí sola, al déficit público previsto para 2026, situado en el 2,5%.
La otra cara de la moneda son los planes de empleo. Apenas llegan hoy al 15% de la población ocupada, unos 3,3 millones de trabajadores, cuando el objetivo, según la reforma de 2022, era alcanzar los 11 millones de partícipes en 2030. Para Ignacio Garralda, su escaso desarrollo es uno de los grandes asuntos pendientes del sistema español.
Una palabra se repitió durante buena parte del encuentro: autoenrolment. Es decir, que el trabajador quede incorporado por defecto a un plan de pensiones de empleo, aunque pueda abandonarlo voluntariamente. El presidente de Mutua Madrileña lo considera un punto de partida para conseguir un sistema de previsión social empresarial más sólido.
La experiencia de otros países apunta en esa dirección. Reino Unido e Irlanda cuentan con sistemas de adscripción automática en los que existe la posibilidad de salirse, pero son pocos los trabajadores que lo hacen. Suecia y Alemania han optado por modelos ligados a la negociación colectiva. Son algunas de las experiencias recogidas en el informe Alternativas en el pilar II desde una perspectiva internacional, presentado en el encuentro por Manuel de Orte, director del Servicio de Estudios de Mutua Madrileña.
España tendría que adaptarlo a un mercado laboral con un fuerte peso de pymes y autónomos y con trabajadores con trayectorias laborales discontinuas
De Orte advirtió, eso sí, de que copiar un modelo extranjero no bastaría. España tendría que adaptarlo a un mercado laboral con un fuerte peso de pymes y autónomos y con trabajadores con trayectorias laborales discontinuas. La fórmula, según expuso, debería combinar aportaciones de empresas y trabajadores, mecanismos claros de salida, incentivos para las rentas bajas y una implantación gradual.
En torno al diagnóstico hubo pocas discrepancias. Los matices aparecieron al hablar de cómo abordarlo.
Carlos Esquivias, director de Seguros Personales y Fiscal de Unespa, sostuvo que el autoenrolment “es el camino que tenemos que seguir” y destacó su capacidad para incorporar al ahorro complementario a jóvenes, mujeres y trabajadores con rentas bajas. Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad de CEOE, pidió que cualquier avance se apoye en la negociación colectiva y en el consenso político y social.
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CC.OO., introdujo otro elemento en la discusión. También se mostró favorable al autoenrolment, pero recordó que la capacidad para ahorrar depende, antes que nada, de la renta disponible, y cuestionó además el elevado peso del inmobiliario en el ahorro de las familias españolas.
Por su parte, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, recordó que los fondos de pensiones españoles invierten el 32% de sus carteras en España. También puso sobre la mesa una evolución llamativa: entre 2020 y 2026, el sistema de pensiones individuales ha perdido 12.500 millones de euros sin que ese dinero haya terminado en los planes de empleo.
Quizá el dato que mejor resume el desafío apareció en la I Encuesta de Ahorro para la Jubilación del Grupo Mutua. El 65% de los consultados cree que su pensión pública no será suficiente para cubrir sus necesidades cuando se jubile. Sin embargo, el 50% no ahorra para cuando llegue ese momento. Además, tampoco quienes ahorran realizan necesariamente grandes aportaciones: el 74% destina menos de 5.000 euros al año.
Y los planes de empleo siguen siendo minoritarios, presentes en menos de una cuarta parte de los encuestados. Hay, no obstante, una señal favorable para su desarrollo: seis de cada diez ciudadanos valorarían positivamente que su empresa les ofreciera productos para ahorrar de cara a la jubilación.
En todo caso, el autoenrolment parece haber ganado terreno como una de las fórmulas con mayor potencial para impulsar el ahorro previsional en España. Pero su desarrollo necesitará también de otras palancas. Entre ellas, como defendió Ignacio Garralda durante el encuentro, un marco fiscal estable y con incentivos claros que anime a empresas y trabajadores a reforzar su ahorro para la jubilación.
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